EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS SíIIIIIIIIIII, al voto universal y directo

ESCRIBE: MARÌA DEL PILAR TELLO

La instauración del voto universal y directo en las universidades fue aprobada por el pleno del Congreso y la autógrafa de ley será evaluada por el Ejecutivo para su promulgación o eventual observación.

La elección de autoridades universitarias siempre genera controversia, como todo lo que tiene que ver con los feudos de poder en que se han convertido las universidades públicas. La norma propuesta aporta un cambio positivo en

términos de participación universal y de reducción del número de miembros en los órganos de gobierno de las universidades, lo que mejorará su manejo administrativo.

Tanto Lourdes Flores como Mercedes Cabanillas han expresado su acuerdo. Flores Nano, como ex rectora de la universidad privada San Ignacio de Loyola, incidió en la responsabilidad sin la cual cualquier sistema de elección implicará un peligro de politización. "Los sistemas indirectos de elección en una asamblea son incluso más riesgosos en términos de politización que la elección directa; una elección directa es un mecanismo que permite una mayor apertura para que el profesor y los alumnos puedan expresarse".

Mercedes Cabanillas, por su parte, defendió la elección directa, universal y secreta; y consideró que hay que reconocer el colapso del actual sistema de voto delegado y, por tanto, es necesario el cambio. Y tiene razón, pues el actual sistema indirecto no ha traído nada bueno a universidades públicas en manos de camarillas que pugnan por el poder.

Es evidente que la autógrafa aprobada podría ser mejorada incluyendo mecanismos claros para terminar con este sistema público universitario que viene pasando de mediocre a malo, convertido en forma de vivir de grupos que se benefician y mercadean a partir de las cuotas o prebendas por alcanzar rectorados y decanatos.

Muchas de nuestras autoridades son docentes universitarios y saben cómo se ha ido mellando la universidad pública por carencia de presupuesto, pero también por falta de acreditación y por exceso de maniobras políticas a fin de mantener cuotas de poder. Les corresponde aprobar una reforma idónea, ya que después de muchos años se vuelve a tocar el tema de la elección de las autoridades universitarias, que ha dejado de ser un problema puramente académico o educacional para convertirse en preocupación nacional.

Coincidimos con Cabanillas en que no es posible dejar en libertad a las universidades públicas para elegir a sus autoridades académicas bajo la metodología que les convenga. Con ello se abundaría en el caos y el desgobierno.

Las privadas no tienen problema, pues se rigen por el Decreto Legislativo 882, debido a su condición de sociedades anónimas. Y no se trata de mayor o menor politización. Lo que se busca es dar mayor gobernabilidad a las universidades. No es posible que se siga identificando vicios y mercadeo de intereses no santos con política universitaria. Sabemos que las elecciones indirectas provocan que los delegados, de alumnos y docentes, negocien o tergiversen la voluntad de los votantes.

La política, en el buen sentido, es siempre necesaria en nuestras universidades. A partir de ella los estudiantes aprenden responsabilidades, asumen posiciones respecto de los problemas nacionales, afinan opiniones propias y conocen lo que significa el ejercicio del voto o el ejercicio de un cargo.

Junto al buen gobierno de las universidades se requiere limitar la aprobación de nuevas universidades sin nivel académico, que surgen más como negocio que como servicio educativo. Solo deberían permanecer aquellas aceptadas por su nivel académico probado, para lo que es urgente un sistema nacional de acreditación.

Que solo las universidades de calidad y buen nivel continúen. Tenemos 109 universidades, entre públicas y privadas, y todas ellas podrían estar abriendo

sucursales con sentido mercantilista más que académico. Finalmente, la norma aprobada es importante en la medida que separa la función académica de la investigación y de la administración, pues nombra un vicerrector de investigación

y un gerente general.

Que el Ejecutivo la perfeccione para bien de la universidad pública y del país.

El Peruano, Escenarios, 5 de junio 2010.